Carta a los medios de comunicación locales

Hoy comparto con vosotros una carta redactada por mi querido primo Juan que, como yo, es víctima ya no sólo de la injusticia sino también del escarnio de conocidos medios de comunicación locales. Ha sido enviada aunque vista la noticia de hoy publicada en el Faro de Vigo parece ser que solo interesa el sensacionalismo: http://www.farodevigo.es/sucesos/2017/06/24/testaferros-culebra-primeros-ingresan-prision/1704550.html

Ha sido escrita por todas la noticias publicadas sobre este caso, y en especial por la noticia del 11 de junio, publicada en portada y ampliada en páginas centrales: http://www.farodevigo.es/sucesos/2017/06/11/audiencia-decreta-busca-captura-miembros/1696360.html

Ruego que, si lo consideráis, compartáis este post y sea sabida por la sociedad la verdad. Gracias a todos.

«Vigo, 19 de Junio de 2017

A la atención de la redacción de Faro de Vigo,

Me dirijo a ustedes debido al seguimiento que siempre le dan en sus páginas al caso que le afecta a mi familia y otras personas relacionadas con mi padre, concretamente tras las últimas informaciones publicadas (domingo 11 de Junio) acerca de la que ustedes llaman “red del Culebra”. Dado que siempre transcriben la información facilitada por fuentes judiciales me decido por este medio a ponerles al corriente de la versión u opinión de nuestra parte, en este caso los condenados.

La sentencia de la Sala es ahora firme tras la desestimación del recurso de Casación y la inadmisión del recurso de Amparo que conocimos hace unos meses, para nuestra gran sorpresa y decepción dado lo flagrante de las violaciones constitucionales que han prevalecido en este caso. La sentencia de la Sala confirmó al 100% las peticiones del Ministerio Fiscal siendo avalada por el Supremo, y nuestra petición de Amparo inadmitida por el Constitucional.

Nuestra opinión, la de mi madre de mis hermanos o la mía es la gran apariencia de persecución, caza de brujas o merienda de negros que ha tenido todo el proceso, en el cual nuestra suerte ya estaba decidida de antemano, dirigiéndose en cada momento la toma de decisiones a las Salas u Órganos adecuados para garantizar el feliz final que el Ministerio Fiscal reconocía perseguía: la adjudicación de todo nuestro patrimonio al Estado.

Ciertamente esta es una opinión nuestra, pero no deja de ser corroborada por datos objetivos y compartida por personas ajenas e imparciales a la vista de las actuaciones.

Es por eso que confiábamos en que las instancias superiores pudieran poner algún freno o límite a las ansias castigadoras de la Audiencia Provincial al menos y como último extremo en cuanto a la graduación de las penas impuestas, que ilustran muy bien la animadversión en contra nuestra. Digo esto porque tanto mi madre como mis hermanos y yo hemos sido sentenciados a 5 años de prisión en el tramo superior del delito de blanqueo que normalmente va de  2 a 4 años, y esto siendo la acusación contra nosotros la de haber consentido en figurar como titulares en los bienes de mi padre desde los años 80, y dándose por probado que conocíamos sus actividades ilícitas únicamente por el hecho de que teníamos que saberlo porque mi padre tuvo una condena por tráfico de hachís en 1996. ¿Son eso garantías judiciales  o una utilización abusiva e interesada del Código Penal? Otras sentencias exigen una participación activa en las actividades de blanqueo y confirman que la culpabilidad no viene del mero hecho de ser familiar cotitular de bienes, el conocimiento hay que demostrarlo.

En cuanto al origen de los bienes, que es mi padre, únicamente quiero mencionar que tuvo una actividad conocida e intensísima toda su vida como empresario en el sector del automóvil, subastas, pesca y el juego con participación plenamente demostrada durante la vista en varios bingos en Portugal, todo ello acreditado mediante prueba pericial aportada por nuestra defensa en la vista justificando todas las cantidades y patrimonio existente. Mi padre no justificó su patrimonio por ganancias a la lotería, sino de forma mucho más rigurosa, pero completamente ignorada por la Sala sentenciadora.

Este despropósito se ha hecho extensivo también a otras personas como mis primas que han sido condenadas a 4 años.

Podría extenderme más, pero todo lo anterior no es más que una introducción al contexto de la situación que estamos viviendo y que fue reflejada en su artículo del domingo 11 de Junio, y que es lo que viene al caso.

En este artículo se dice que hemos protestado con un aluvión de recursos y que ya no podemos demorar más la entrada en prisión. El “aluvión” de recursos así como otras acciones que hemos tomado como la petición de indulto o de nulidad de actuaciones suponen el legítimo derecho a nuestra defensa, a lo que no estaba acostumbrada la Sala dada la pasividad y conformismo con que se había comportado nuestra defensa hasta el momento. Ahora esta defensa sigue otra línea y no pensamos renunciar a ella hasta el final dada la gran injusticia cometida. En Septiembre presentaremos recurso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo como no puede ser de otra manera.

Tanto el recurso a Estrasburgo como la petición de indulto son motivos que serían suficientes para dejar en suspenso nuestro ingreso en prisión si no fuera por la animosidad que reina contra nosotros. Después de tantos años de proceso y haber cumplido ya todos los miembros de la familia penas preventivas considerables de prisión, así como haber estado firmando en el juzgado todas las semanas,  y gozando todos de domicilios fijos y puestos de trabajo perfectamente conocidos, hijos, etc…,  ¿cuál es la necesidad de enviarnos a prisión tan urgentemente y a todos juntos antes de que sean todas las actuaciones completamente firmes? ¿Por qué negarnos el derecho a esperar por la resolución del indulto? En el caso de que se concediera, aunque fuese parcial, si ya estamos cumpliendo la pena en prisión, su efecto hubiera sido ilusorio. ¿Por qué ese encono? Mi padre ya es ajeno a la situación dada su edad y su estado de salud.

Querer ejecutar las penas de prisión en este momento y a todas las personas de la familia conjuntamente, dejando desatendidos los domicilios con menores de edad y dependientes que viven en ellos se manifiesta en estos momentos y de forma objetiva y evidente como un escarnio desproporcionado contra mi familia.

Es por eso que estamos y seguiremos luchando legalmente hasta las últimas consecuencias. Ahora la Sala ha dictado Auto de busca y captura para obligarnos a ceder e ingresar. Ese es otro abuso flagrante ya que en ningún momento han desconocido nuestro paradero ni hemos dejado de dar la cara, saben muy bien donde venir a buscarnos si el Juzgado llega a ejecutar la busca en su afán ejemplarizante contra nosotros.

Lo que estamos pidiendo ahora es que se nos notifique personalmente de todas las resoluciones que sirvieron de base para incoar la pieza de ejecución, así como que no sea simultáneo el cumplimiento de las penas para mi madre y mi hermana, ya que son las únicas personas adultas que comparten domicilio con 2 menores de edad. Lo cual es de justicia. El fin que nos mueve es pelear por nuestros derechos y en ningún caso escaparnos ni eludir la acción de la justicia, que debe regirse por los principios de equidad y proporcionalidad a los que por lo visto somos ajenos.

Saludos,

Juan Carlos González Domínguez

DNI: 36078557K»

¿Información o sensacionalismo?

Dicen los autores del libro “Sensacionalismo y amarillismo en la Historia de la Comunicación” que “…la utilización del sensacionalismo y el amarillismo es tan antigua como los mismos medios de comunicación, ….hasta convertirse en preocupante la transformación de la información en propaganda. El sensacionalismo (exageración para llamar la atención) y el amarillismo (mentiras o, aún peor, medias verdades) no van dirigidos a la razón (no a convencer) sino a remover sentimientos, a azuzar filias o fobias… En épocas de crisis como la actual, algunos medios en situación difícil, pueden sentir la tentación -equivocada- de recurrir a estrategias espurias para tratar de sobrevivir”.

Yo no sé cuál es la razón pero sí sé lo que está pasando y hoy comparto con vosotros una carta redactada por mi querido primo Juan que, como yo, es víctima ya no sólo de la injusticia sino también del escarnio de conocidos medios de comunicación locales.

Por todas la noticias de este caso, y en especial ya por la última noticia del 11 de junio, publicada en portada y ampliada en páginas centrales: http://www.farodevigo.es/sucesos/2017/06/11/audiencia-decreta-busca-captura-miembros/1696360.html

Ruego que, si lo consideráis, compartáis este post y sea sabida por la sociedad la verdad. Gracias a todos.

 

«Vigo, 19 de Junio de 2017

A la atención de la redacción de Faro de Vigo,

Me dirijo a ustedes debido al seguimiento que siempre le dan en sus páginas al caso que le afecta a mi familia y otras personas relacionadas con mi padre, concretamente tras las últimas informaciones publicadas (domingo 11 de Junio) acerca de la que ustedes llaman “red del Culebra”. Dado que siempre transcriben la información facilitada por fuentes judiciales me decido por este medio a ponerles al corriente de la versión u opinión de nuestra parte, en este caso los condenados.

La sentencia de la Sala es ahora firme tras la desestimación del recurso de Casación y la inadmisión del recurso de Amparo que conocimos hace unos meses, para nuestra gran sorpresa y decepción dado lo flagrante de las violaciones constitucionales que han prevalecido en este caso. La sentencia de la Sala confirmó al 100% las peticiones del Ministerio Fiscal siendo avalada por el Supremo, y nuestra petición de Amparo inadmitida por el Constitucional.

Nuestra opinión, la de mi madre de mis hermanos o la mía es la gran apariencia de persecución, caza de brujas o merienda de negros que ha tenido todo el proceso, en el cual nuestra suerte ya estaba decidida de antemano, dirigiéndose en cada momento la toma de decisiones a las Salas u Órganos adecuados para garantizar el feliz final que el Ministerio Fiscal reconocía perseguía: la adjudicación de todo nuestro patrimonio al Estado.

Ciertamente esta es una opinión nuestra, pero no deja de ser corroborada por datos objetivos y compartida por personas ajenas e imparciales a la vista de las actuaciones.

Es por eso que confiábamos en que las instancias superiores pudieran poner algún freno o límite a las ansias castigadoras de la Audiencia Provincial al menos y como último extremo en cuanto a la graduación de las penas impuestas, que ilustran muy bien la animadversión en contra nuestra. Digo esto porque tanto mi madre como mis hermanos y yo hemos sido sentenciados a 5 años de prisión en el tramo superior del delito de blanqueo que normalmente va de  2 a 4 años, y esto siendo la acusación contra nosotros la de haber consentido en figurar como titulares en los bienes de mi padre desde los años 80, y dándose por probado que conocíamos sus actividades ilícitas únicamente por el hecho de que teníamos que saberlo porque mi padre tuvo una condena por tráfico de hachís en 1996. ¿Son eso garantías judiciales  o una utilización abusiva e interesada del Código Penal? Otras sentencias exigen una participación activa en las actividades de blanqueo y confirman que la culpabilidad no viene del mero hecho de ser familiar cotitular de bienes, el conocimiento hay que demostrarlo.

En cuanto al origen de los bienes, que es mi padre, únicamente quiero mencionar que tuvo una actividad conocida e intensísima toda su vida como empresario en el sector del automóvil, subastas, pesca y el juego con participación plenamente demostrada durante la vista en varios bingos en Portugal, todo ello acreditado mediante prueba pericial aportada por nuestra defensa en la vista justificando todas las cantidades y patrimonio existente. Mi padre no justificó su patrimonio por ganancias a la lotería, sino de forma mucho más rigurosa, pero completamente ignorada por la Sala sentenciadora.

Este despropósito se ha hecho extensivo también a otras personas como mis primas que han sido condenadas a 4 años.

Podría extenderme más, pero todo lo anterior no es más que una introducción al contexto de la situación que estamos viviendo y que fue reflejada en su artículo del domingo 11 de Junio, y que es lo que viene al caso.

En este artículo se dice que hemos protestado con un aluvión de recursos y que ya no podemos demorar más la entrada en prisión. El “aluvión” de recursos así como otras acciones que hemos tomado como la petición de indulto o de nulidad de actuaciones suponen el legítimo derecho a nuestra defensa, a lo que no estaba acostumbrada la Sala dada la pasividad y conformismo con que se había comportado nuestra defensa hasta el momento. Ahora esta defensa sigue otra línea y no pensamos renunciar a ella hasta el final dada la gran injusticia cometida. En Septiembre presentaremos recurso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo como no puede ser de otra manera.

Tanto el recurso a Estrasburgo como la petición de indulto son motivos que serían suficientes para dejar en suspenso nuestro ingreso en prisión si no fuera por la animosidad que reina contra nosotros. Después de tantos años de proceso y haber cumplido ya todos los miembros de la familia penas preventivas considerables de prisión, así como haber estado firmando en el juzgado todas las semanas,  y gozando todos de domicilios fijos y puestos de trabajo perfectamente conocidos, hijos, etc…,  ¿cuál es la necesidad de enviarnos a prisión tan urgentemente y a todos juntos antes de que sean todas las actuaciones completamente firmes? ¿Por qué negarnos el derecho a esperar por la resolución del indulto? En el caso de que se concediera, aunque fuese parcial, si ya estamos cumpliendo la pena en prisión, su efecto hubiera sido ilusorio. ¿Por qué ese encono? Mi padre ya es ajeno a la situación dada su edad y su estado de salud.

Querer ejecutar las penas de prisión en este momento y a todas las personas de la familia conjuntamente, dejando desatendidos los domicilios con menores de edad y dependientes que viven en ellos se manifiesta en estos momentos y de forma objetiva y evidente como un escarnio desproporcionado contra mi familia.

Es por eso que estamos y seguiremos luchando legalmente hasta las últimas consecuencias. Ahora la Sala ha dictado Auto de busca y captura para obligarnos a ceder e ingresar. Ese es otro abuso flagrante ya que en ningún momento han desconocido nuestro paradero ni hemos dejado de dar la cara, saben muy bien donde venir a buscarnos si el Juzgado llega a ejecutar la busca en su afán ejemplarizante contra nosotros.

Lo que estamos pidiendo ahora es que se nos notifique personalmente de todas las resoluciones que sirvieron de base para incoar la pieza de ejecución, así como que no sea simultáneo el cumplimiento de las penas para mi madre y mi hermana, ya que son las únicas personas adultas que comparten domicilio con 2 menores de edad. Lo cual es de justicia. El fin que nos mueve es pelear por nuestros derechos y en ningún caso escaparnos ni eludir la acción de la justicia, que debe regirse por los principios de equidad y proporcionalidad a los que por lo visto somos ajenos.

Saludos,

Juan Carlos González Domínguez

DNI: 36078557K»

Hechos considerados Probados

El día 27 de febrero de 2015, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó Sentencia por la que, entre otros pronunciamientos se me condena como autora responsable de un delito de blanqueo de capitales, previsto y penado en el art. 301,1º-2º-5º del Código Penal, a la pena de cuatro años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y multa de 356.000€ con responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de prisión en caso de impago.

Notificada la Sentencia condenatoria dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, presentamos en tiempo y forma escrito por el que anunciaba la interposición del oportuno Recurso de Casación que, tras ser oportunamente emplazada por el Tribunal Supremo, fue formalizado con fecha 14 de octubre de 2015.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó Sentencia el día 22 de julio de  2016, declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto, confirmando la Sentencia de la Audiencia Provincial.        

Se declaran en la sentencia como HECHOS PROBADOS:

  1. Que mi apartamento con un valor de 132.000€, y mi caja fuerte con 46.300€ son, en realidad, propiedad de mi tío.
  2. Que soy plenamente conocedora que mi tío se dedica al narcotráfico.
  3. Que he cooperado en transformar el origen ilícito de los bienes procedentes del delito.
  4. Que aunque desconocen la contraprestación pagada, y que resulta irrelevante el dinero que percibo por ocultar la procedencia y transformar el dinero procedente del narcotráfico, he actuado como testaferro.

MI CASA

Mi apartamento de poco más de 60 metros cuadrados está en un edificio de unos 30 años de antigüedad. Vine a vivir a este edificio (siempre quise vivir aquí) en cuanto quedó una vivienda de alquiler disponible (había mucha demanda), y así estuve 5 años hasta que apareció, la que hoy es mi casa, a la venta.

Cuando compré el piso, cambié los datos en el censo, pues es mi vivienda, y, obviamente, yo pago el seguro y todos los gastos inherentes al mismo.

Consideran probado que mi vivienda no es tal cosa, sino que mi tío es el titular real. Sin embargo tras tres años de seguimientos, intervenciones telefónicas, grabación de imágenes, etc. no hay ningún encuentro, llamada ni imagen en la que yo aparezca.

Entonces, si mi tío no ha estado conmigo, ni ha hablado conmigo ni hay relación alguna entre nosotros durante los años de investigación secreta previa a las detenciones del resto de los acusados…

  • ¿Cuándo, dónde, cómo y por qué yo soy considerada testaferro? He de recordar que para que un hecho pueda ser considerado probado, el Juez o Magistrado ha de tener la certeza de cuándo, dónde y cómo me entregó mi tío ese dinero. Y existe, además, una declaración de los investigadores afirmando que “Paula no es testaferro de su tío”. Y en el juicio, a preguntas de mi abogado, reconocen no saber quién soy. Nada hay que me relacione en este asunto.
  • Si han detenido al resto de los acusados y realizado registros en sus viviendas ¿Por qué a mí no me detienen? ¿Por qué no registran mi vivienda si consideran que, realmente, es de mi tío? Más preguntas sin respuesta que no hacen más que abultar el absurdo de mi condena.

MI CAJA FUERTE

Consideran también probado que el dinero de mi caja fuerte pertenece en realidad a mi tío. Al igual que con mi casa no hay ninguna prueba que relacione este hecho con él.

Saben de la existencia de la caja fuerte en febrero de 2008 al solicitar información de mis cuentas al Banco de España. A esta fecha ya estaban todos los acusados en prisión preventiva y habías pasado tres años de investigación secreta. Entonces cabe preguntarse…

  • ¿Cuándo, dónde y cómo me entregó mi tío el dinero para que yo lo guardase en la caja fuerte?
  • Aparecen datos de la caja fuerte el día 12 de febrero (las detenciones y registros datan del 28 de enero de 2008). Todo lo que encuentran en ella es anotado en el Tomo XXIV (ya van más de 7.700 folios de instrucción). En esta caja fuerte encuentran, además de dinero, pagarés de mi empresa y anotaciones personales.

¿Cómo se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico sin ni un solo hecho probado?

La Audiencia Provincial no practicó prueba de cargo válida.

En el Recurso de Casación, interpuesto en su día, aparece que en la causa existe un absoluto vacío probatorio en torno a los objetos del delito, lo que impide, por tanto, tenerlos como acreditados, y sin embargo esta sala ratifica la condena.

Por tanto, no existe en ningún caso prueba suficiente respecto a los hechos por los que he sido condenada.

Y así es como funciona la Justicia en este país, saltándose la ley y arrollando con la vida de una persona sin más. Una persona, yo, Paula Muñoz, que soy sobrina de quien soy, sólo eso.

Hoy, día 02 de noviembre de 2016, voy al juzgado a recoger el Ejecutorio de Ingreso en el Centro Penitenciario de A Lama para el cumplimiento de los 4 años y 6 meses adicionales de prisión.

Cronología y Datos Objetivos

NOVIEMBRE de 2005. Se inician las diligencias judiciales.

JULIO de 2006. La Fiscalía presenta denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Vigo, y se inician las Diligencias Previas en Secreto de Sumario.

Se inician seguimientos, escuchas telefónicas, grabación de imágenes… a quienes posteriormente detienen, y cuyas casas son registradas en enero de 2008.

A fecha OCTUBRE de 2006 sigue sin haber ninguna referencia de mí en relación a los hechos que se investigan, y el 25 de enero de 2008, consta un Atestado del Servicio de Vigilancia Aduanera en cuyo contenido no se me considera testaferro de mi tío.

ENERO de 2008. Primeras detenciones y registros.
A mí no me han detenido en ningún momento desde el inicio del caso y hasta el momento actual, y tampoco mi casa ha sido registrada jamás.

FEBRERO de 2008. Me imputan en el procedimiento aunque no soy detenida y me citan a declarar ante la Jueza Instructora y la Fiscalía.

El día 12 de este mes, y previa a mi imputación, aparezco por primera vez como testaferro de mi tío en un atestado.

Aporto pruebas de mi empresa, datos económicos (impuestos, balances, etc.) que no son admitidos. En aquella fecha llevaba aproximadamente 3 años ininterrumpidos como autónoma (administradora de una Sociedad Limitada cuyo capital era mío al 90%), y 10 años cotizados, de los cuales más de 6 años estuve en el Régimen Especial de Autónomos, pues constituí, dirigí y administré varias empresas mías, ni una relacionada con ninguno de los imputados, y actualmente condenados en el mismo caso del que hablamos.
No se admite la aportación de mi Vida Laboral ni datos de mi actividad empresarial como prueba.

JUNIO de 2014. Se inicia el juicio ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo, que dura varias sesiones.
Antes del inicio de la vista, la Fiscalía me propone una conformidad de 6 meses de prisión y multa a cambio del reconocimiento de los hechos. Yo, evidentemente, no acepto creyendo que la ley me protegerá.

FEBRERO de 2015. Sentencia condenatoria, a pesar de que el instructor y testigos de la Fiscalía admiten que yo, Paula Muñoz, no tenía ninguna relación con el blanqueo de capitales; a preguntas de mi abogado declaran no conocerme ni saber quién soy. También mi abogado demuestra mi inocencia, a pesar de que la acusación es quien debe demostrar mi culpabilidad, pues según la Constitución Española, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Durante el juicio aportamos una Auditoría Económica relacionando mis ingresos que tampoco es admitida.

OCTUBRE de 2015. Presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

JULIO de 2016. Sentencia Desestimatoria, y ratificación de condena. Considera el Tribunal Supremo que los hechos probados por la Audiencia (inexistentes)* son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

*Son inexistentes pues para considerar un hecho probado ha de haber un dónde, un cómo y un cuándo. En este caso, no hay ni un lugar, ni un motivo ni una fecha en la que yo aparezca recibiendo dinero de ninguno de los condenados, ni en reuniones, ni conversaciones telefónicas en relación a los hechos que consideran probados.